LA GRAN ESTAFA: EL PRESUPUESTO DE 2013
(Resumen del artículo de Vicenç Navarro)
La presentación del
presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado
tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría
bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como
consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española
que poseen.
Esta elevada cantidad se
debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la
especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se
asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la
oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados
primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco
Central digno de su nombre.
Los máximos
beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos
españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una
excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la
Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por
debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses
del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron
gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la
banca y muy en especial de la banca alemana.
El BCE es el mayor
promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por
cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una
sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente
calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment
público europeo).
La defensa de los
intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera
ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es
controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que
van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana
laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases
unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
Esta deuda, sin embargo,
está basada, en parte, en la enorme influencia de la banca no solo sobre el BCE
sino también sobre el Estado español. Hoy, la influencia de la banca sobre la
sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema democrático.
Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas y las familias–
están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los
medios de información hacia el comportamiento de la banca y su dominio de la
vida política y mediática del país se basa precisamente en este hecho. En lugar
de denunciar esta relación obvia entre las instituciones financieras y las
instituciones políticas, los medios de mayor difusión y los partidos
mayoritarios atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente
irresponsable de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes
tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que
se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima
de su propia tragedia.
En tal argumentación se
ignoran y/u ocultan varios hechos. El endeudamiento de las familias se debe a
la disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del descenso de las
rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del país.
El endeudamiento de las
medianas y pequeñas empresas se debe, en parte, al descenso de la demanda de
sus productos y servicios, consecuencia de la disminución de la capacidad
adquisitiva de las clases populares y también a la gran carestía del crédito,
resultado de la desviación de la actividad crediticia de la banca hacia actividades
especulativas más rentables como las inversiones inmobiliarias, habiéndose
establecido el maridaje banca-sector inmobiliario que llevó al desastre.
El endeudamiento del
estado se debe a las políticas fiscales regresivas que han beneficiado sistemáticamente
a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del
trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del estado (los ingresos al
estado español son los más bajos de la UE-15, un 31% del PIB, comparado con un
44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia). Y este problema se acentuó
todavía más mediante las reformas fiscales regresivas aprobadas en el momento
de expansión económica (estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como
resultado de la reforma tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008
19.600 millones de euros (según los datos del Servicio de Estudios y
Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los impuestos
sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas superiores un 11%.
España no se hubiera
endeudado tanto si hubiera tenido un sistema tributario más justo y más
avanzado. La bajada de impuestos explica que el estado tuviera que pedir
prestado a los bancos para cubrir el agujero creado en sus arcas precisamente como
consecuencia de la bajada de impuestos a las rentas del capital y rentas
superiores. Como resultado de esta situación, el estado, además de bajarles los
impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos intereses muy altos, a través
de los bancos, por los bonos que han comprado con el dinero conseguido en los
recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el beneficio
primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper ricos.
Pero esta enorme
necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no sólo para la banca
española sino también para la banca europea y, muy en especial, la banca
alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000 millones de euros
prestados en el territorio español, tanto en deuda pública como privada. Y está
hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja inmobiliaria (a la que
contribuyó en gran medida a que se inflara) puede arrasar toda la banca,
incluida la alemana.
La decisión del gobierno
español de pedir el rescate a la banca, mediante el préstamo de 40.000 millones
de euros, para asegurarse lo que se llama “la viabilidad del sistema bancario
español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la banca alemana”. Es
decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado,
pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde la
banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca, asegurándose así que
no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre otras).
Este rescate se hace en
condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de
enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el
presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre. La falta de medidas de protección de
la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un
ejemplo más de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda
intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy notable de
la protección social. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado
del establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la
eurozona.
Y todas estas políticas
se presentan como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente
accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco
central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo controlar la
inflación. El estado español podría haber tenido ya en anteriores presupuestos
y en los actuales una política fiscal mucho más progresiva, de manera que en
lugar de recortar las pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros) podría
haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o
anulado la bajada del impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o
anulado la bajada de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros
al año (consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en
sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de las
grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que
representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300
millones.
O en lugar de recortar
200 millones a los servicios de atención a las personas con dependencias,
podrían haber eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que
enseñe religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga,
larga lista mostrando que sí que hay alternativas.
Y el estado español
podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso claro), estableciendo
bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito que lo garanticen. El
rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las rentas superiores que
son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito.
Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en
España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un
escándalo sin paralelo en otros países.
Estos tres hechos ocurridos
al final de septiembre son indicadores del enorme poder de una minoría que está
consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la
eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la desaparición
del estado del bienestar.
Permítanme que añada
otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento
15-M y otros movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de
este movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser
aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de él, pues
los otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que está
ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en aquellos tres
hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del Congreso es un instrumento
que claramente ni representa ni está al servicio de la mayoría de la población
española. Sus políticas no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No
son los que se manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que
están dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas
sin mandato popular) que están violando la democracia.
Opinión personal
La crisis que se ha desatado a causa de la avaricia de los bancos, al invertir en una economía especulativa, está siendo aprovechado por esta clase social (utilizando términos marxianos) para acabar con el Estado de Bienestar; algo muy bien señalado por Viceng Navarro. Es indigno que el Banco Central Europeo no compre bonos directamente al Estado y de fondos a los bancos españoles para que éstos lo compren a unos intereses más elevados. Es por consiguiente un negocio perfecto; la deuda pública es producto de una política fiscal regresiva, por tanto, favorable a los propietarios del capital tanto empresarial como financiero. Dicha política fiscal se acentúa con el presupuesto de 2013, ya que en lugar de fomentar una política de mayor presión fiscal a las grandes fortunas, así como las grandes empresas; están recortando en educación, sanidad, protección social y aumentando los impuestos a las clases populares que conforman la gran mayoría de la sociedad.
Nuestros supuestos "representantes" favorecen a los bancos causantes de la crisis, y a las grandes empresas y fortunas, perjudicando a la mayoría de la sociedad.
Se está produciendo y se ha producido una violación a la democracia, por las promesas pre-electorales (favorables a la mayoría) y las políticas contrarias a la mayoría.
Con la escusa de la crisis, están pautando una serie de medidas que fortalecerá y está fortaleciendo a los que poseen el capital productivo y financiero.
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